Chihuahua, Chih.- El Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, otorgó la suspensión provisional a la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, para no trasladar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN-PRI, así como los imputados Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, al Reclusorio Norte Varonil con sede en la CDMX.
La suspensión es parte del recurso interpuesto por Gobierno del Estado, aduciendo que se transgrede la posibilidad de tutela judicial efectiva, del Estado.
Dicha determinación jurídica temporal estará vigente en tanto se resuelva la definitiva, cuya audiencia incidental fue programada para el 7 de mayo de este año.
A mediados de febrero de este año, el juez federal, Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte, determinó que el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez , el ex Director de Adquisiciones del estado de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles ex director de Administración de la Secretaría Hacienda deberían ser juzgados en el ámbito federal por lo que hace al proceso que enfrentan por peculado por un monto de 250 millones de pesos, y con ello la Fiscalía General de Chihuahua y los jueces de esa entidad perderían la competencia para continuar con el proceso en su contra.
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, los 250 millones de pesos que se acusa fueron desviados durante el gobierno de César Duarte, presuntamente se utilizaron para apoyar las campañas de candidatos en 2015.
De acuerdo con el Ministerio Público, la causa penal debe permanecer en el ámbito local, toda vez que expuso, los delitos señalados significaron una afectación al erario del estado de Chihuahua, pese a que su procedencia era el Ramo 23 Federal.
El hecho delictivo se cometió en Chihuahua, dado que los recursos fueron depositados en la cuenta 4058556945 del banco HSBC perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal.
El Ministerio Público aseguró que los servidores públicos aprobaron los contratos con empresas fantasma para desviar dinero de las arcas estatales.
La contratación de cursos con empresas “fantasmas” se realizó con recursos del Estado, por lo que el delito de peculado en el que están acusados los tres procesados debe de ser juzgado en Chihuahua, según la determinación del juez local, hecho que motivó un conflicto competencial que un tribunal colegiado dirimió, entregándole la competencia al juez federal que los requería.
Sin embargo, el ejecutivo estatal impugnó dicha resolución, que aún se encuentra pendiente de resolver.
Independientemente, el juez federal Moreno García requirió a la Fiscalía del Estado y al Cereso Estatal, la entrega de Gutiérrez y los coacusados para ser internados en el Reclusorio Norte, ante lo cual el Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica buscó el juicio de amparo, cuya demanda fue admitida el pasado lunes por el juez segundo de Distrito, Alberto González Ferreiro, y se citó a audiencia constitucional el 7 de mayo, por lo que al menos hasta esa fecha los detenidos deben permanecer recluidos en el penal donde se encuentran en Chihuahua.
El 27 de marzo de 2017, elementos de la Policía Ministerial arrestaron a Gerardo Villegas, a quien se le acusó de peculado por 250 millones de pesos, ya que aprobó la desviación del recurso a empresas fantasmas cuando era director de Administración del Estado.
El 7 de mayo de 2017 fue detenido en la Ciudad de México el diputado suplente Antonio Tarín, acusado de desviar 120 millones de pesos cuando era director del comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda; la acusación fue por beneficiar con recursos del erario a la empresa Kepler, la cual era de reciente creación en 2015. A Tarín García también se le involucra en el desvío de 250 millones de pesos. El ahora detenido continúa con la medida cautelar de prisión preventiva.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido el 21 de diciembre pasado bajo las acusaciones descritas y enfrenta dos causas penales relacionadas. (EL HERALDO DE CHIHUAHUA)
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