Ciudad de México.- De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), éstas requirieron al Estado mexicano información complementaria a la que ya había presentado, sobre aborto, impartición de justicia en casos de feminicidio, acceso a la justicia para las mujeres y los resultados de la Alerta de Violencia de Género, entre otros.
Todas ellas son dudas surgidas del informe que cada 4 años entrega el Estado mexicano -el último lo entregó en diciembre de 2016- y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.
El Estado mexicano respondió a todas ellas en marzo de este año a través de un informe.
En el caso de los resultados de la AVG (de las 13 que decretó) dijo que “no existe un mecanismo para evaluar su impacto”; y sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron los casos de feminicidio – tal como lo pidieron las expertas de CEDAW– dijo que en 4 años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio de las cuales, 335 derivaron en sentencia.
El Estado no detalló las barreras que impiden a la AVG tener resultados como se requirió. Esto, dijo, se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar su impacto.”
Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.
Las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez, quedaron sin respuesta.
ABORTO POR NOM 046
En el tema de aborto y el por qué no se aplicaba la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) en los casos de violación, el Estado respondió que durante 2017, únicamente 89 mujeres interrumpieron un embarazo producto de una violación en cumplimiento con dicha Norma, pues apenas en ese año la Secretaría de Salud (Ss) comenzó a elaborar el “Informe sobre casos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo al amparo de la NOM-046-SSA2-2005.”
También informó al Comité de CEDAW que en 5 años, 2013 a 2017, se registraron 452 mil 402 egresos hospitalarios por aborto y que de 2013 a 2016, unas 37 mujeres han sido sentenciadas por practicar un aborto.
Agregó que en la Ciudad de México, la única entidad donde se puede interrumpir legalmente un embarazo de forma voluntaria (ILE) dentro de las primeras 12 semanas de gestación, se han practicado 192 mil 551 abortos desde abril de 2007 hasta el 15 de marzo de 2018.
Respecto a las estrategias que ha llevado a cabo para que las mujeres conozcan su derecho a interrumpir un embarazo por violación y las sanciones que existen para el personal de salud que incumpla la NOM, afirmó que ha difundido a la población qué hacer en caso de una violación sexual y que capacita al personal de los servicios de urgencias médicas a través de talleres. En caso de que incumplan en su aplicación, esto “da origen a sanción penal, civil o administrativa”, pero no detalló cuántas personas han sido penalizadas por ello.
SIN EXPLICACIÓN LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Las expertas de la ONU también solicitaron información de la objeción de conciencia. En este rubro, el Estado únicamente refirió a CEDAW que el “Poder Legislativo aprobó altos estándares en materia de salud sexual y reproductiva, no obstante las discusiones son parte del ejercicio de pluralidad democráticas que impera en nuestro país”, dijo.
Esta reforma a la Ley General de Salud fue aprobada por el Senado el pasado 22 de marzo lo que provocó que feministas y senadoras demandaran en una carta pública, a Enrique Peña Nieto, vetar la reforma.
Eliminar los obstáculos para que las mexicanas accedan a métodos anticonceptivos y al aborto, son demandas añejas de CEDAW, quien desde 2012 exigió al Estado mexicano armonizar las legislaciones estatales relacionadas al aborto y asegurarse que cada una implementara la NOM 046.
ACCESO A LA JUSTICIA
Sobre el tema de acceso a la justicia, la organización Equis Justicia para las Mujeres informó al Comité de expertas sobre la “situación de acceso a la justicia de las mujeres en México”, por lo que se valieron de este reporte para cuestionar por primera vez al Estado mexicano sobre la actuación del Poder Judicial.
La información proporcionada por el Estado es que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal publicaron 100 por ciento de sus sentencias, pero no informó cómo se están dando en todo el país.
CEDAW también requirió de manera adicional conocer los mecanismos para identificar las prácticas discriminatorias que aplica el personal juzgador en los casos de violaciones a los DH de las mujeres. De forma vaga, acusó la organización Equis Justicia para las Mujeres, el Estado dijo que ha “ampliado significativamente” la capacitación a las autoridades del Poder Judicial.
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD NO ES TEMA PARA EL ESTADO
La situación de las mujeres privadas de la libertad fue otro de los temas debido al desmedido aumento del enjuiciamiento de mujeres por delitos relacionados con las drogas, que según las expertas de la ONU, en 2015 creció un 75 por ciento.
El Estado reportó la construcción del Centro de Rehabilitación y Reintegración Social número 16 en Morelos, pero sobre el aumento de encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas, no dio ninguna respuesta.
Equis Justicia criticó que el Estado respondió a CEDAW “información ambigua, pocos sustentada”, pero sobre todo, que desdibuja la realidad en materia de acceso a la justicia para las mujeres, transparencia judicial y la situación de vive la población femenina privada de la libertad.
El veredicto si el Estado mexicano ha avanzado o no a favor de los DH de las mujeres quedará en manos de las 23 expertas que conforman el Comité de CEDAW en la evaluación que se llevará acabo del 2 al 20 de julio; y las recomendaciones que de ahí emanen son de carácter obligatorio pues el Estado suscribió este instrumento internacional en 1981. (CIMAC NOTICIAS)
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