La justicia alemana niega la rebelión y deja en libertad a Puigdemont

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6 abril, 2018

*FOTO: Cuenta de Facebook Carles Puigdemont i Casamajó*

El caso Puigdemont ha dado un giro crucial después de que la justicia alemana haya decidido este jueves dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont. La Audiencia territorial de Schweslig Holstein considera «inadmisible» el delito de rebelión, por el que el expresidente de la Generalitat se encuentra procesado en España. La justicia alemana sí tramitará en cambio la solicitud de extradición del Tribunal Supremo por el delito de malversación de fondos públicos. Los jueces alemanes consideran que no hay indicios de que Puigdemont «vaya a estar en riesgo de persecución política» cuando sea enviado a España, que solo le podrá juzgar por el delito por el que se le extradite. De acuerdo a la página web de El País, la decisión pone en jaque la actuación de la justicia española contra el principal dirigente del procés.

La noticia se conoció a través de un comunicado de la Audiencia territorial. En la nota se subraya también que a Puigdemont «se le acusa de malversación, una acción concreta que es también punible según la ley alemana y no por sus convicciones políticas», indica el comunicado. Puigdemont deberá pagar una fianza de 75.000 euros para poder quedar en libertad. Fuentes jurídicas explican que el procesado deberá fijar su domicilio en Neumünster, la localidad del norte de Alemania en la que se encuentra encarcelado hasta que se tramite la euroorden por malversación de fondos.

Una portavoz de la Audiencia informó de que, en cualquier caso, Puigdemont no podrá abandonar Alemania durante el tiempo que dure la tramitación de la euroorden cursada por España. El expresidente catalán deberá además presentarse una vez a la semana ante la policía, según confirmó una portavoz del tribunal a la agencia Reuters.

La Audiencia considera que no se da un requisito clave para considerar que ha habido un delito de «alta traición», el equivalente a la rebelión según el código penal alemán y que puede conllevar hasta 30 años de prisión.

Los artículos 81 y 82 del código penal alemán exigen que para que haya alta traición también tiene que haber violencia o amenaza de violencia. «Lo que se requiere es que la violencia imponga tal presión en un órgano constitucional que la voluntad de este se doblegue y ese no es el caso aquí», dice el tribunal en el comunicado, citando jurisprudencia previa. «A (Puigdemont) como iniciador del referéndum, se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta, pero estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular frente a las demandas de la persona violenta», dice el comunicado. Es decir, la Audiencia considera que el secesionismo sí alentó actos de violencia, pero no logró que el Estado claudicase, condición que exige la ley alemana para permitir la extradición por el delito de rebelión.

Puigdemont fue detenido en Schlewsig-Holstein después de haber huido de España hace cinco meses y de haber fijado su residencia en Bélgica. Este Estado federado alemán linda con Dinamarca, desde donde viajaba Puigdemont, después haber pasado por Finlandia en su intento de internacionalizar el conflicto catalán. Desde hace 11 días, Puigdemont duerme en la cárcel de Neumüster, donde ha recibido la visita de sus abogados y de algunos simpatizantes, incluido un eurodiputado eurófobo alemán y un representante del partido de la Izquierda alemán.

El pasado martes, la Fiscalía regional recomendó extraditar a Puigdemont tanto por malversación de fondos como por alta traición. Recomendó también que el procesado permaneciera en prisión hasta que se produzca la decisión final de extradición. Ahora, el tribunal regional de Schleswig, el competente para decidir sobre el caso ha revertido la decisión de la Fiscalía. El Gobierno alemán ha dejado el caso en manos de la justicia y ha asegurado que no interferirá en la decisión.

El expresidente catalán ha contratado para su defensa a un reputado abogado alemán, Wolfgang Schomburg, con una amplia trayectoria en justicia penal internacional. Schomburg había amenazado con elevar el caso al Tribunal Constitucional alemán, lo que complicaría aún más el proceso. La detención de Puigdemont y el proceso de entrega a España ha desatado un intenso debate jurídico en el país. Varios penalistas habían advertido que el requisito de la violencia podría ser el principal escollo. (EL PAÍS)