Desde su aparición en la vida pública a fines de la década de los 70 del siglo pasado como líder de las grandes huelgas contra el régimen militar, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) se convirtió en la figura central de la política brasileña.
Nacido en una familia pobre del estado de Pernambuco, en el noreste del país, Lula recorrió un largo camino que lo llevó a convertirse, luego de dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010, como el presidente más popular en la historia de Brasil, con 80 por ciento de aprobación.
El rechazo del habeas corpus para Lula por parte de la Corte Suprema la madrugada de este jueves que lo pone al borde de la prisión, es un contrapunto dramático en la trayectoria de uno de los personajes emblemáticos de la historia reciente de América Latina.
Fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT), Lula puso en la agenda política brasileña la cuestión del hambre y la pobreza, de una manera que hasta sus más acérrimos adversarios políticos se vieron obligados a adoptar.
Fue promotor de la Bolsa Familia, el mayor programa de transferencia de renta que auxilió a 13 millones de familias y líder de un gobierno que concilió las demandas de los sectores desfavorecidos con las de la élite económica.
Impulsada por el llamado «boom de las commodities», la economía brasileña pudo ser estabilizada luego de años de zozobra, alcanzando un crecimiento sostenido que permitió sacar a millones de brasileños de la pobreza.
Con una política internacional activa y universal, fortaleciendo las alianzas tradicionales con Estados Unidos y Europa, y promoviendo al mismo tiempo las relaciones Sur-Sur, Lula ganó proyección.
El ex presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), graficó esa proyección al calificarlo en una reunión de líderes internacionales en 2010 como «éste es el hombre» («this is the guy»), en un momento en que la estrella de Lula alcanzaba su brillo máximo.
Los impactos de la crisis económica internacional y los escándalos de corrupción que salpicaron al PT y sus aliados erosionaron la figura de Lula después de que dejara la Presidencia.
Ese desgaste se profundizó en 2015 con el inicio de una severa recesión económica durante el gobierno de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, quien acabó perdiendo el cargo a mediados de 2016 en un convulsionado proceso de «impeachment» (juicio político).
En esas circunstancias, el ex presidente fue blanco de la Operación Lava Jato (Lavadero) que, con base en las delaciones premiadas de altos ejecutivos de empresas proveedoras de la petrolera estatal Petrobras, llevaron a la cárcel a notorios dirigentes políticos y empresarios.
Los fiscales de la Lava Jato lo acusaron de ser el «comandante máximo» del esquema de corrupción, aunque tuvieron dificultades para presentar pruebas en su contra.
Por ese tiempo, Lula quedó viudo por segunda vez, al perder a su esposa Marisa Leticia, su compañera desde los años de la lucha sindical y madre de sus hijos, víctima de una grave enfermedad.
Lula fue condenado el año pasado por el juez federal Sergio Moro, responsable en primera instancia del caso Petrobras, a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir supuestamente un departamento en el litoral del estado de Sao Paulo de la constructora OAS, a cambio de favorecerla desde el poder.
La defensa del ex presidente alegó que el inmueble en todo momento permaneció bajo propiedad de la OAS, pero un tribunal de apelación ratificó la sentencia y la elevó a 12 años y un mes de prisión.
Lula respondió afirmando que se trataba de una persecución política y ratificó sus intenciones de presentar su candidatura en las elecciones de octubre próximo, con fuerte aceptación en el electorado.
El rechazo al gobierno de Michel Temer, el alto desempleo y el bajo crecimiento económico resultaron en una fuerte recuperación de la imagen del ex mandatario.
A partir de la ratificación de su condena en segunda instancia en enero, el ex presidente se lanzó a una serie de caravanas políticas, inicialmente en las regiones más pobres del país, recogiendo un gran fervor popular.
La fuerza política de Lula provocó la reacción de los sectores más conservadores, que se movilizaron para exigir su prisión y por ende su inhabilitación electoral, a veces con métodos violentos.
Días previos al fallo de la Corte de este jueves, cuando Lula y sus adeptos realizaban una gira por el sur del país, la caravana fue atacada a tiros por sus adversarios.
La decisión de la Corte Suprema de autorizar su prisión antes de que se agoten las instancias de apelación pone al ex sindicalista en el momento más oscuro de su carrera personal.
Como al inicio de su trayectoria, cuando fue preso por los militares por su liderazgo en las huelgas metalúrgicas, Lula deberá enfrentar, ahora a los 72 años, la prisión, en un país profundamente conmocionado por las divisiones políticas.
El mes pasado, esa posibilidad se reveló como cierta y el ex presidente dijo que sería un «preso político» y que sus adversarios tendrán que «cargar con las consecuencias».
Cronología del caso que puede llevar a ex presidente brasileño Lula a prisión
El caso que puede llevar a prisión al ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó en 2003, cuando la Cooperativa Habitacional de los Bancarios de Sao Paulo (Bancoop) proyectó un edificio de viviendas en el municipio de Guarujá, estado de Sao Paulo.
En 2005, la mujer de Lula, Marisa Leticia, fallecida el año pasado, dio un primer pago para uno de los departamentos del edificio, el número 141, por valor de 195.000 reales (unos 59.000 dólares actuales).
Un año más tarde, durante la campaña electoral para su reelección a la presidencia de Brasil, Lula mencionó en su declaración patrimonial el primer pago del departamento 141 del edificio, por valor de 47.000 reales (unos 14.250 dólares actuales).
En 2009, debido a las dificultades financieras de Bancoop y ante la imposibilidad de poder cambiar la construcción del edificio, la cooperativa lo transfirió a la constructora OAS, una de las mayores de Brasil.
Tras la transferencia, se dieron dos opciones a los propietarios, la devolución del dinero pagado hasta entonces o mantener el apartamento con un nuevo valor.
Marisa Leticia suspendió los pagos para adquirir el departamento, no se decantó por ninguna de las dos opciones y perdió el derecho que tenía sobre el departamento.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal asegura que cuando OAS asumió el lanzamiento, reservó para Lula el dúplex 174, y que tras ser convertido en un tríplex, se convirtió en el apartamento número 164.
En 2010, el diario local «O Globo» publicó un reportaje en el que se aseguraba que el matrimonio Lula era dueño de un ático en el edificio, pero que todavía no tomaba posesión del apartamento.
En 2014, OAS remodeló el apartamento 164 y lo entregó. La constructora invirtió 1,1 millones de reales (unos 330.000 dólares) en reformar la vivienda, cuyo valor era de 1,4 millones de reales (425.000 dólares).
Las remodelaciones se dividieron en obras (700.000 reales, o 212.000 dólares), mobiliario (320.000 reales o 97.000 dólares) y electrodomésticos (19.000 reales o 5.760 dólares).
Ese mismo año, Lula realizó una visita al departamento acompañado del entonces presidente de OAS, Léo Pinheiro.
Pinheiro fue detenido en noviembre de 2014, en el inicio de las investigaciones de la operación «Lava Jato» (Autolavado) sobre la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
Durante las investigaciones se descubrieron unos mensajes entre Pinheiro y Paulo Gordilho, ejecutivo de la OAS, en los que se entiende que la remodelación del departamento del matrimonio Lula era por interés de Marisa Leticia.
En 2015, cinco años después de la opción dada por OAS, el Instituto Lula, que comanda el ex mandatario, anunció que la familia desistió de la compra del inmueble y pidió la devolución del dinero invertido hasta entonces a la constructora.
El valor lo reclamó Marisa Leticia a Bancoop y a OAS mediante acciones judiciales.
El Ministerio Público de Sao Paulo abrió una investigación sobre la transferencia de varias construcciones de Bancoop para OAS, incluida la del polémico edificio de Guarujá.
Con el avance de las investigaciones del caso Lava Jato, el 4 de marzo de 2016 Lula fue llevado de forma coercitiva a declarar en la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo.
La Fiscalía afirmó tener pruebas de que la familia Lula era la beneficiaria real del apartamento que remodeló OAS.
El mismo día, la Policía decomisó cajas del archivo presidencial de Lula en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, municipio ubicado en el cinturón metropolitano de Sao Paulo donde reside Lula y donde inició su carrera como sindicalista.
En una de ellas, se encontró la inscripción «playa», que según los investigadores, muestra el interés del ex presidente de enviar parte de sus bienes al tríplex en Guarujá.
En agosto de 2016, la Policía brasileña denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero en relación al tríplex.
Los investigadores aseguraron haber encontrado un esbozo en la propuesta del matrimonio Lula para adquirir el departamento en 2005, en la que el número 141 estaba tachado y tenía el 174 como número anterior.
Para la Fiscalía, eso demostraba que el tríplex era el deseo inicial del matrimonio.
En septiembre de 2016, la Fiscalía realizó una denuncia en la que aseguraba que las reformas en el departamento las pagó OAS como ventajas indebidas a Lula, tras lo cual solicitó una condena contra el ex presidente por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El 12 de julio de 2017, el juez federal Sergio Moro, responsable en primera instancia del caso Petrobras, condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá, al asegurar que el departamento fue un regalo de OAS a cambio de la ayuda de Lula en contratos con Petrobras, y que el ex mandatario ocultó la propiedad.
En octubre pasado, los abogados de Lula presentaron un recurso para solicitar la absolución del ex presidente, al asegurar que el juez Moro «reconoció que no hay valores procedentes de contratos firmados por Petrobras que hayan sido utilizados para el pago de cualquier ventaja a Lula».
El recurso de la defensa de Lula fue juzgado el pasado 24 de enero por el tribunal de apelaciones (TRF-4), con sede en Porto Alegre (sur) que, además de desestimarlo, aumentó la condena a 12 años y un mes de prisión contra el ex mandatario.
Según la sentencia, Lula puede seguir apelando en libertad, pero la corte abre la puerta para que pueda ser encarcelado tras el fin de la segunda instancia.
El pasado 6 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso extraordinario para Lula, el «habeas corpus» preventivo, con la finalidad de evitar una orden de arresto hasta que el caso sea definitivamente cerrado en todas las instancias posibles.
Posteriormente, los abogados de Lula presentaron el mismo recurso ante al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, que el 22 de marzo postergó al 4 de abril la sesión para debatir sobre el «habeas corpus», y además estableció que Lula no fuera preso hasta entonces.
El 4 de abril, por seis votos contra cinco, la Corte Suprema desestimó el «habeas corpus» de Lula, lo cual abrió la puerta para que el mandatario pueda ser apresado en las próximas semanas.
Expectativa de prisión de Lula da Silva redefine escenario electoral en Brasil
La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de negar el habeas corpus solicitado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su prisión impacta directamente en el escenario electoral, al dejar fuera de la disputa al candidato favorito en las encuestas de intención del voto.
Especialistas indican que el ex presidente Lula da Silva (2003-2010) podría ser preso en tres semanas, para comenzar a cumplir la condena a 12 años un mes de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) afirmó luego de la decisión de la Corte que mantendrá la candidatura del ex presidente, el propio Lula da Silva admitió a sus allegados que está virtualmente fuera de la carrera presidencial.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, declaró que la candidatura será registrada de todos modos, aunque haya pocas posibilidades de que Lula pueda participar en la disputa presidencial, debido a la Ley de la Ficha Limpia, que impide la postulación de políticos condenados por la Justicia.
A seis meses de la primera vuelta electoral, prevista para inicios de octubre próximo, Lula da Silva lideraba los sondeos de intención de voto con cerca de 35 por ciento de las preferencias y un amplio margen sobre todos sus adversarios para la segunda vuelta.
La estrategia petista sería sostener la candidatura de Lula el máximo tiempo posible, mostrándolo como un perseguido político y registrar a última hora a otro candidato con la esperanza de que sea identificado como su representante.
La posibilidad de que el ex mandatario pueda transferir los votos a otro candidato del PT es una incógnita, como al ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, o al ex gobernador de Bahía, Jaques Wagner,
En esas condiciones, el tablero electoral gana mayor incertidumbre, con varios candidatos que pueden beneficiarse de la exclusión del ex presidente.
Los últimos sondeos divulgados el mes pasado mostraban que en caso de que Lula da Silva quedara fuera de la disputa, el diputado de derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), lideraría con 20 por ciento de las intenciones de voto.
La ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, de la Red Sustentabilidad, se ubicaría en segundo lugar, con 14 por ciento de las preferencias.
Más atrás se ubicaría el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), con 9 por ciento; mientras que el ex ministro de Hacienda, Ciro Gomes, del Partido Laborista Brasileño (PDT), alcanzaba el 8 por ciento.
Podría terciar también en la disputa una candidatura del gobierno del presidente Michel Temer, encabezada por el propio mandatario o por el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
Las pretensiones de Temer de obtener la reelección o conseguir elegir un sucesor chocan con la fuerte impopularidad del gobierno y la débil recuperación económica, que demora en llegar al día a día de los electores.
Si bien Bolsonaro aparece en primera instancia como el probable líder en el nuevo escenario electoral, los analistas llaman la atención de que gran parte de su popularidad derivaba de aparecer como un contrapunto derechista a Lula da Silva.
La exclusión del ex presidente del proceso electoral podría reducir atractivo de Bolsonaro para muchos electores y eventualmente favorecer candidaturas más hacia el centro del espectro político.
Hacia la izquierda, Ciro Gomes, un político de origen en el noreste, al igual que Lula da Silva, podría recoger parte de los votos que iban para el ex presidente, en especial por levantar banderas como la defensa de la soberanía nacional y una inserción independiente de Brasil en el mundo.
Marina Silva, una ambientalista de renombre mundial, puede ganar impulso a partir del repudio generalizado del electorado a la corrupción en la política, pero sufre por la falta de una estructura partidaria sólida y de alcance nacional, lo que la obliga a depender de alianzas con otras fuerzas políticas.
El gobernador paulista Alckmin, en cambio, cuenta con el aparato del PSDB, el gran rival del PT en las últimas seis elecciones presidenciales, y con el apoyo del poderoso empresariado de Sao Paulo, el corazón económico del país.
La evolución del cuadro electoral dependerá igualmente de la temperatura del debate político, que en las semanas previas al fallo del STF alcanzó niveles peligrosos, debido a las pasiones que levanta a favor y en contra el ex presidente Lula da Silva.
La tensión ganó contornos inéditos en los últimos años, inclusive por la manifestación del jefe del Ejército, general Vilas Boas, quien horas antes de la sesión de la Corte advirtió que los militares esperaban «el fin de la impunidad».
El mensaje fue interpretado como un condicionamiento al máximo tribunal, levantando fuerte críticas de asociaciones de magistrados, dirigentes políticos y medios de comunicación, por considerarlo una expresión ajena a los marcos constitucionales.
La expectativa de que el proceso electoral pacificara, a través del voto popular, los efectos de la crisis política crónica en que está sumido Brasil desde 2013, parece diluirse ante los últimos acontecimientos.
Los realineamientos políticos y el clima social en las próximas semanas deben traer algunos indicios para despejar el panorama de las elecciones más inciertas en la historia reciente brasileña. (XINHUA)
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