OPINIÓN

SACERDOTES EN FUGA

Por

21 marzo, 2018

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BARRIOS

La Fiscalía General de Coahuila ha atendido con firmeza el escandaloso y grave caso de los sacerdotes pederastas. Hasta ahora suman once los curas bajo investigación, pero el número pudiera subir a 17, y en cuanto a las víctimas son cinco quienes han rendido testimonios, pero también pudieran incrementarse.

De acuerdo con las indagatorias de la Sub fiscalía Ministerial son once los sacerdotes de la Iglesia Católica los acusados del delito de pederastia, cinco de los cuales huyeron del Estado, otros tres aún ofician misas y otros tres se retiraron o los suspendieron del servicio. De los once, cinco pertenecen a la Diócesis de Saltillo, cuatro a la de Torreón y los otros dos a la de Piedras Negras.

Las víctimas de los abominables crímenes, principalmente, monaguillos y seminaristas, tenían entre 12 y 18 años y durante seis años fueron abusados sexualmente. La lista podría alargarse, admite el sub fiscal. Cinco de ellos han relatado ante la Fiscalía el infierno sufrido en sus seminarios donde se preparaban para convertirse en sacerdotes.

Agentes de la FGE acudieron el año pasado a la Nunciatura Apostólica en México, que es la representación del Vaticano en nuestro país, para notificar las denuncias en el Estado, pero no se han dado por enterados. La respuesta ha sido nula.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ya ha sido señalado en diversas ocasiones como protector de pederastas, pero una de las víctimas de abuso sexual, Ignacio Martínez, lo acusa directamente y señala al sacerdote Juan Manuel Ríos, “el padre Meño”, como el autor de los abusos sexuales que sufrió. Sin embargo, el mismo Vera López ha denunciado que en su diócesis hay dos curas pederastas.

Las indagatorias de la Fiscalía nos dicen que los curas pederastas llegaban a golpear a sus víctimas o las amenazaban con proceder contra sus familiares. La postura del fiscal Gerardo Márquez es de llegar hasta sus últimas consecuencias, y no puede ser de otro modo; esos abusos no deben quedar impunes.

Las autoridades ministeriales esperan obtener más testimonios de peso para cerrar la investigación y obtener posteriormente las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales tendrán que ejecutarse más temprano que tarde.