Los ayuntamientos, gobiernos estatales y federación deberán conformar a más tardar este año una red de colaboración para iniciar el registro de restos en panteones municipales y fosas que se ubiquen en su territorio a fin de cumplir con la Ley de Desaparición Forzada y conformar un banco único de datos en el país.
La Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Angélica De La Peña, explicó lo anterior en el marco de la celebración en Saltillo del Foro Nacional para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, y señaló que con ello se alimentará el Banco Nacional de Datos Forenses mediante el cual se deben integrar las entidades que ya tienen avance en la recaudación de información como es el caso de Coahuila que inició con la toma de muestras a las familias.
«Hay otras herramientas que tienen que formarse y que no existen como es el registro de las fosas comunes de todos los panteones municipales, necesitamos poner todos esos datos Forenses en un solo registro para lograr que haya una triangulación de esos datos con los datos de las familias que están buscando a sus seres queridos».
Pero además se deberá contar con personal especializado en el manejo de datos forenses y se deberá cuidar el trato digno a los restos. Añadió que la ley tiene carácter de obligatoriedad por lo que cuidando no invadir las competencias de cada nivel gubernamental, los Municipios no podrán negarse a cooperar. «Además todos van a ser regidos por un protocolo».
Apuntó que se trata de un trabajo arduo pues son decenas de miles de personas que están desaparecidos, «estamos preocupados porque hay estados en el país en los que ya los encuentran y lo que hacen es determinar una cadena de custodia y ya no los mueven porque no halla donde poner todos esos restos, entre ellos está Coahuila, Veracruz, Guerrero y el Estado de México aunque están un poco más organizados también Tamaulipas y Chihuahua».
Indicó que en principio hay una etiquetación por parte de la Cámara de Diputados para poner a funcionar ese registro este año, y otras previsiones para más fosas comunes y el funcionamiento de las comisiones estatales de búsqueda que deberán estar articuladas con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Estás últimas estarán conformadas por 14 integrantes de la sociedad civil y entre sus funciones estará la vigilancia de las acciones de las diferentes instancias gubernamentales. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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