Representantes de 20 Comités de Participación Ciudadana de varias entidades del país hicieron este lunes un enérgico llamado al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, así como al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, y a los gobernadores y congresos de los estados para que se cumpla con los nombramientos y responsabilidades que están pendientes de asignar, a fin de que termine de ser conformado el Sistema Nacional Anticorrupción.
En rueda de prensa, representantes del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, encabezados por el presidente de esa agrupación, Manuel Gil Navarro, junto con la directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, Alejandra Wade Villanueva, señalaron que luego de la reunión de estos 20 comités – efectuada en pasados días en la ciudad de Monterrey- se determinó llevar a cabo este llamado, ante los insatisfactorios resultados obtenidos hasta ahora en el combate a la corrupción, según señala el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.
Los comités exigieron al Presidente de la República Enrique Peña Nieto justificar la idoneidad de los 18 magistrados propuestos para integrar la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de solicitar al Senado de la República hacer públicos los criterios para la designación de estos magistrados.
También se exigió realizar el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que será posible, dijeron, integrando lo que será la nueva Fiscalía General de la República, entidad necesaria para el combate a la impunidad.
Asimismo, se solicitó a la Cámara de Diputados la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Igualmente, los representantes de estos comités exigieron a los gobernadores y congresos de las entidades federativas proveer de los recursos necesarios, y llevar a cabo los nombramientos pendientes para el correcto funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción de dichas entidades conforme a la normatividad existente.
Indicaron que en estos casos, las instituciones competentes deberán observar los principios constitucionales de legalidad, transparencia y máxima publicidad, así como las mejores prácticas de gobierno y parlamento abierto que permitan una amplia participación ciudadana.
Agregaron que es imperativo concluir el armado del Sistema Nacional Anticorrupción para dar paso inmediatamente a la Política Nacional de Combate a la Corrupción, tal y como lo demandan las y los mexicanos. (ÁNGEL AGUILAR)
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