La relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, Maud de Boer-Buquicchio, ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que advierte que la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica gravemente los derechos de las madres y sus hijos.
Desde el punto de vista jurídico, la maternidad subrogada adopta distintas formas. Por una parte, puede presentar un enfoque comercial, que implica una remuneración económica, o uno altruista, que no supone retribución.
En consecuencia, la legislación varía ampliamente entre los países e, incluso, dentro de ellos. Existen jurisdicciones que prohíben esta práctica en su totalidad, mientras que otras toleran ciertas modalidades o carecen de normas al respecto. El informe explica que se observan deficiencias en cualquiera de las anteriores alternativas.
Los problemas de la maternidad subrogada
Una de las grandes preocupaciones aparece en los casos en que, debido a la ausencia de legislación, surge una modalidad comercial no regulada. En muchos de ellos, la gestación subrogada se convierte en un mercado: los servicios de gestación dependen exclusivamente de la demanda y la patria potestad se convierte en un contrato. Además, no existen requisitos para la gestante ni para los futuros padres y no se ofrecen garantías sanitarias ni jurídicas.
“La gestación subrogada comercial, que se practica de forma frecuente en algunos países, equivale a la venta de niños”, declaró Maud de Boer-Buquicchio.
La tendencia general indica que las madres suelen proceder de países en desarrollo, como la India, Nepal o Tailandia, y los aspirantes a progenitor de países desarrollados, como Alemania, Australia, Canadá, España o Francia. Esto provoca que la gestación subrogada aparezca como una salida a la pobreza o la falta de educación, que las hace más vulnerables ante la explotación.
“Esta práctica supone desequilibrios de poder y aumenta la vulnerabilidad de los niños y sus madres ante las distintas formas de explotación”, indicó la relatora.
En este sentido, resulta esencial considerar la presencia de intermediarios. En algunas ocasiones, trasladan a las madres a terceros países para evitar la legislación nacional y establecen “criaderos de bebés”. Esto perjudica gravemente los derechos de estas mujeres y de sus hijos, que en algunos casos son abandonados por nacer con algún tipo de discapacidad.
Pero la ausencia de legislación no constituye el único problema. De hecho, se han reportado prácticas abusivas en aquellos lugares donde la maternidad subrogada está permitida y se encuentra regulada. Este es el caso de ciertas clínicas especializadas que han sido denunciadas por participar en redes de venta de recién nacidos, lo que viola los derechos del niño.
“Si no se hace nada, las redes de gestación subrogada continuarán moviéndose de una jurisdicción a otra”, añadió la experta.
Soluciones para proteger los derechos de los niños
De la misma forma que se ha creado legislación para regular los servicios de adopción, se recomienda a los Estados que:
- Promulguen normas para prohibir la venta de niños tal y como se define en los acuerdos internacionales.
- Establezcan garantías para impedir la venta de niños tanto en el contexto de gestación subrogada de carácter comercial como altruista.
- Implanten una serie de requisitos tanto para las madres gestantes como para los aspirantes a progenitor, para garantizar el bienestar del niño.
- Velen por que todas las decisiones se tomen en el interés superior del niño.
- Regulen a todos los intermediarios, así como los aspectos financieros, contractuales y médicos en esta materia. (CINU)
El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.
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