JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BARRIOS
En calidad de abonero el Poder Judicial del Estado ha recuperado a cuenta gotas una mínima parte de los 126 millones de pesos que hace tres años y medio perdió al haberlos invertido de manera irresponsable e ilegal en un fondo fraudulento como resultó ser la sociedad financiera popular Ficrea.
Hasta junio del año pasado se habían recuperado apenas los primeros 16 de los 126 millones de pesos depositados. Y en días pasados se reportó que la recuperación ya asciende a 21.2 millones, un irrisorio 17 por ciento del total depositado.
En un principio se mencionaban 90 millones de pesos los invertidos, luego se descubrió que había sido 120 millones y finalmente la cifra se precisó en 126. Ello después de que en noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria intervino a Ficrea al detectar operaciones irregulares, y un mes después determinó su liquidación. Hace tres años consignábamos en otra entrega que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Pérez Mata, a nadie convenció con su argumento de que el cierre de los juzgados civiles y familiares en los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y Allende es resultado de una reingeniería para hacer eficientes los recursos”.
También observábamos que “en definitiva habrá un retroceso en la impartición de justicia, pues baste señalar que los juzgados de Matamoros atendían a los habitantes de ese municipio así como del de Viesca con un manejo de alrededor de mil 500 expedientes por año.
“Gente de muy escasos recursos económicos de comunidades ejidales alejadísimas de Viesca tenían que acudir a los juzgados en Matamoros por 150 pesos de pensión alimenticia; ahora tendrán que ir hasta Torreón. Solo en el transporte se les irá ese dinero. Y los de Madero tendrán ahora que trasladarse hasta San Pedro. Y todo por el desorden financiero que sufre el Tribunal Superior de Justicia”.
En lo bajito los magistrados han comentado que esa inversión fue una burrada. Y mientras Pérez Mata anda muy campante y nunca justificó la razón de haber convertido el presupuesto del Tribunal en un fondo de ahorro (personal), el órgano de justicia recuperará los 105 millones restantes (sin intereses) posiblemente en 2035.
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