“La nueva Ley General de Mejora Regulatoria será un parteaguas en pro del dinamismo del mercado y la competitividad del país”: Jorge Dávila

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28 febrero, 2018

Paso trascendente en el adelgazamiento de la tramitología del país, dio este miércoles la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que preside Jorge E. Dávila Flores, al aprobar unánimemente el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria.

En el marco de la XXIII Reunión Ordinaria de la Comisión, el legislador coahuilense consideró que la nueva ley “será un parteaguas en pro del dinamismo del mercado y competitividad del país, ya que busca lograr reglas claras y simples, que asuman las dependencias y entidades de todos los niveles de gobierno, para dar plena seguridad jurídica y facilitar los trámites y servicios que requieran los particulares y las empresas, invitando a la inversión y el desarrollo”

Previo a la elaboración del dictamen, Dávila Flores resaltó: “se tiene prácticamente un año realizando consultas para la Ley General de Mejora Regulatoria; se llevó a cabo el Foro Internacional ‘Situación Actual de la Mejora Regulatoria’, el 22 y 23 de febrero de 2017, en el Senado de la República; acudimos a la Trigésima Octava Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, el 2 de mayo de 2017, en Manzanillo, Colima. Además, hicimos una amplia consulta a diferentes organismos empresariales y productivos, como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la Canacintra, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, la Cámara Comercio de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos México y el pasado 14 de febrero realizamos el Foro ‘La Necesidad de Una Mejora Regulatoria’, en las instalaciones de San Lázaro, para escuchar la opinión de los diversos sectores, del Secretario de Economía, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Cofemer, académicos e intelectuales”.

Recordó que “la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Mejora Regulatoria, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 2017, donde se establece la obligación de emitir una ley general en donde se asienten los principios y las bases para el establecimiento e implementación de una política pública de Estado en esta materia, en la que debe considerarse, al menos, lo siguiente:

La organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares.
La inscripción obligatoria en dicho catálogo para todas las autoridades en los términos en que la misma disponga.
La obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.
La incorporación de buenas prácticas internacionales, como el Esquema sale una entra una en la expedición de regulaciones (que intentaremos se convierta en salen dos entra una)”.

Señaló que construir un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria ha sido desde hace tiempo una petición generalizada de la sociedad civil, que reclama mayores facilidades para la apertura de negocios y el cumplimiento de obligaciones y de servicios, lo que se traducirá en más y mejores empleos formales.

“Desde mi punto de vista -comentó Dávila Flores- el mensaje de fondo de esta iniciativa es que en México se adelgace la tramitología, con menos regulaciones y las que prevalezcan sean realmente necesarias y contribuyan a la simplificación en todos los ámbitos”.

Como invitado a la reunión, el Director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, acompañado de su equipo y funcionarios de la Secretaría de Economía, reveló que con base en estudios en las 300 principales ciudades del país, se detectaron alrededor de 138 mil regulaciones federales y 150 mil estatales, al tiempo que apuntó que el costo de la tramitología en México pasó del 4.88% del PIB en 2009 al 2.63% en 2017. (EL HERALDO)