Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las instancias promovidas, tanto por la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México como por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
La página web de The Huffington Post publicó que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo desechó las impugnaciones al considerarlas improcedentes. Pardo Rebolledo sostuvo que la facultades de órganos estatales no permiten a estos presentar controversias constitucionales y solo pueden impugnar leyes dentro de su jurisprudencia, no federales.
La acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la LSI presentada por la CNDH el pasado 20 de enero, sostenía que formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, perjudicaría el diseño, facultades y equilibrio entre la federación y los estados, así como entre los órganos del Estado y sus poderes.
Aún queda pendiente la controversia presentada por la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, y de acuerdo con Reforma, es probable que también sea desechada.
En contraste, la única controversia admitida a revisión hasta ahora es aquella impulsada por el municipio de Parral de Hidalgo, Chihuahua, con el argumento de que la ley vulnera el municipio libre.
Se desconoce el estado del recurso presentado por San Pedro Cholula, Puebla, en que el municipio considera, al igual que Parral del Hidalgo, sostiene que el ordenamiento viola su autonomía.
No obstante, rechazó la solicitud del municipio del norte de tener como terceros interesados en esta demanda a Ciudad de México y el resto de las entidades federativas, así como la posibilidad de una resolución prioritaria en el Pleno, pues «solo el Ejecutivo o el Congreso pueden solicitar a la SCJN trato preferencial para una controversia».
La Ley de Seguridad de Interior fue aprobada con el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 21 de diciembre en medio de múltiples y muy diversos señalamientos por «estar plagada de violaciones constitucionales», de acuerdo con legisladores de oposición. (THE HUFFINGTON POST MÉXICO)
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