OPINIÓN

PLAZA CÍVICA

Por

30 enero, 2018

FERNANDO NÚÑEZ DE LA GARZA EVIA

Brasil y México: dos historias muy diferentes

Brasil se encuentra en una encrucijada histórica contra la corrupción. Lo anterior es producto de reformas hechas algún tiempo atrás y que comienzan finalmente a rendir sus frutos. En México, y a pesar de los enormes escándalos de corrupción como los brasileños, nuestra historia no puede ser más distinta.

En días recientes, el ex-titular de la Fiscalía General de Brasil (2013 – 2017), Rodrigo Janot, publicó un artículo donde habla de las cuatro razones del éxito anti-corrupción brasileño. El primero es establecer a nivel constitucional una fiscalía autónoma en todo el sentido: los fiscales brasileños no pueden ser despedidos después de haber cumplido dos años en su función (a menos que hayan cometido un crimen), no pueden ser relevados de los casos que investigan, y ellos mismos establecen sus presupuestos y procesos administrativos. El segundo es permitirles a los fiscales alcanzar pactos con testigos, ya que en muchas ocasiones son los únicos que tienen acceso a información relevante. El tercero es que los fiscales tengan la libertad de compartir información bancaria y relacionada sin el estorbo del poder ejecutivo, lo que evita que la corrupción se traslade a otros países judicialmente más débiles. Y cuarto y último, paciencia, ya que lleva tiempo formar perfiles profesionales, muy técnicos y con amplia experiencia (las primeras reformas constitucionales datan de 1988). Vaya, lleva tiempo formar instituciones.

La Fiscalía General de Brasil ha sido tan exitosa que solo basta ver algunos de los perfiles que ha perseguido (la lista es larga): Eduardo Cunha, ex-presidente de la Cámara de Diputados y muy cercano al actual presidente brasileño; Henrique Alves, ex-ministro de Turismo durante la administración de Dilma Rousseff y Michel Temer, por el cual se han solicitado 78 años de cárcel; y Eike Batista, quien fuese el hombre más rico de Brasil, extraditado… pero de Estados Unidos a Brasil, y actualmente cumple una pena de 60 años. Ah, y Lula, cuya sentencia fue confirmada y aumentada por unanimidad en segunda instancia. Aunque aún puede impugnar, es muy probable que quede fuera de la elección presidencial y, hagan sus apuestas, termine en la cárcel. ¿Y de qué es acusado? Agárrese de su asiento o de lo que tenga a la mano: de haber recibido una propiedad de un contratista de gobierno, y haber sido uno de los principales autores de un entramado de corrupción que involucran contratos de PETROBRAS, financiamiento ilegal a su partido y favores personales. Como dirían los gringos: ¿Ring a bell? (¿Le suena a algo?).

Mientras tanto, en México: no hemos podido transitar a una Fiscalía, tenemos a un encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), no tenemos Fiscal Anticorrupción, tenemos otro encargado de despacho en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no hemos nombrado a los 18 magistrados anticorrupción, y algunas, solo algunas de las personas involucradas en casos de corrupción de alto perfil están arrestadas, pero en parte por presión popular o conveniencia política. Las excepciones hoy: Chihuahua y Quintana Roo. Y no recuerdo extradiciones de Estados Unidos… a México.

La iniciativa “anticorrupción” de Meade es “atole con el dedo”, pero gracias a ella ya sabemos “de qué lado masca la iguana”. Ricardo Anaya se ha declarado por una fiscalía independiente, sin dar mayor detalle. López Obrador cree que si el Presidente es honesto, los demás serán honestos, y “no hace falta que haya leyes, no hay ninguna ley que permita robar, si el problema de México fuesen las leyes no habría problemas”. Estado, instituciones: Lula podrá tener un 80% de popularidad, juntar a masas de brasileños para apoyarlo, gritar y vociferar. Pero en Brasil, hay una institución llamada Fiscalía General de Brasil, y la justicia efectivamente tiene una balanza que juzga, una espada que hace cumplir sus resoluciones, y es ciega, ciega.

www.plaza-civica.com @FernandoNGE