CARLOS RAMÍREZ
Mientras regatean ley, crisis de seguridad interior colapsa al país
Como dicen que no hay peor inconsciente que el que no quiere entender, la crisis de seguridad en varias ciudades de la república sería la justificación mínima de que ahora más que nunca urge no solo la Ley de Seguridad Interior, sino que urgen otras leyes para cortarle salidas al crimen organizado que sigue penetrando las estructuras del Estado.
El aumento de la violencia criminal no debe medirse por las cifras cotidianas, sino por las características de los actos delincuenciales: el crimen organizado ha rebasado a las autoridades estatales y municipales y sólo las fuerzas armadas tienen la condición para encararla.
Esta circunstancia es, simple y llanamente, seguridad interior; no es seguridad pública porque los perpetradores no son carteristas y asaltantes en restaurantes, sino estructuras criminales que están dominando zonas territoriales de la soberanía del Estado.
Asesinatos de candidatos en zonas calientes, crímenes de ex funcionarios, ataques mortales contra familiares de funcionarios de seguridad, son algunas de las acciones criminales. La violencia por disputas entre bandas sube en Ciudad Juárez, Cancún, Los Cabos, varios municipios de Guerrero. En Guerrero bandas criminales han expulsado a habitantes de sus tierras.
Las bandas criminales saben que van ganando cuando legisladores, partidos y activistas sociales han logrado paralizar la acción de defensa de las fuerzas federales y buscan deshacer la ley de seguridad interior aprobada en el legislativo y promulgada por el presidente de la república.
El punto más candente fue planteado por el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador: hablar, negociar y pactar con criminales, quienes no andan en busca de una amnistía o de algún tipo de perdón, sino que quieren que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y la sociedad les entregue territorios y los deje actuar libremente en comercio de drogas ilícitas.
La ingenuidad de López Obrador se explica por su ambición de ganar votos. Pero es más que obvio –para quien conoce de estrategias criminales– que las bandas de delincuentes quieren plazas propias para traficar drogas y aumentar el consumo. Y que a pesar de cualquier amnistía, la disputa violencia por territorios va inclusive a ser más fuerte en condiciones de pacto con las autoridades.
Más del 75% de estados de la república están penetrados por el crimen organizado. Y no se trata de bandas de carteristas, asaltantes de transeúntes o extorsionadores. Son estructuras de poder apoyadas por armamento superior al de los policías. Y no se trata de bandas que operen en la oscuridad, sino que han tomado el control de estructuras municipales y muchas estatales.
Cuando el crimen organizado supera a las autoridades estatales y municipales y cuando esas bandas están dentro de las estructuras del Estado, el problema ya no es de seguridad pública, sino que se trata de un asunto de seguridad interior, y más por lo que no han querido entender los opositores a la ley; las bandas criminales que operan hoy en México tienen ramificaciones transnacionales, por lo que rozan e involucran estrategias de seguridad nacional. En esta lógica se diseñó la ley respectiva.
Medios y grupos sociales siguen sin querer entender que el número de muertos es abrumadoramente mayoritario de criminales, y que civiles son apenas bajas colaterales. Por tanto, el problema no son los muertos –por muchos que sean–, sino las bandas que le han expropiado territorios al Estado.
Política para dummies: La política es la sensibilidad para entender la realidad en su momento y circunstancia, no después,
Sólo para sus ojos:
La caída de Steve Bannon ha sido la peor noticia para Trump porque se trata de su principal operador político. Y llegar al 200 por la reelección sin Bannon podría representar una derrota. Hay indicios leves de que la salida de Bannon de Breitbart News fue pactada para enfriar los ánimos y quitarle contenido de credibilidad al libro Fire and Fury y dejarlo en un listado de chismes sin utilización legal.
La ofensiva jurídica y mediática del gobernador Javier Corral ya dejo indicios de que se trata de una verdadera guerra definitiva por el poder. Y que el candidato Ricardo Anaya podría tomar, ya en la campaña formal, la bandera de proceder penalmente contra el presidente Peña Nieto cuando deje el cargo. Es decir, reproducir el modelo Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo que el PAN y el PRD convirtieron en eje de la victoria de gubernaturas.
Los cambios en el gabinete forman parte de la estructura de campaña del precandidato del PRI.
@carlosramirezh
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