Expertos de la ONU elogian la condena de 48 criminales de la dictadura militar en Argentina

 

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU elogió la decisión de Argentina de condenar a 48 criminales de la dictadura militar. Entre oficiales y civiles, los acusados ​​fueron llevados ante el tribunal por tortura, homicidio y desaparición forzada.

“Este fue un juicio histórico en Argentina para violaciones que se consideran crímenes contra la humanidad cometidos contra 789 víctimas dentro del centro de detención clandestino que funcionaba en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)”, afirmó un grupo de relatores especiales de la ONU* después de los veredictos expedidos en la Corte Federal de Argentina, en Buenos Aires, en noviembre y diciembre de 2017.

Los expertos añadieron que “el juicio representa un paso fundamental hacia la realización de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las víctimas de serias violaciones de derechos humanos y de sus familias”.

Veintiséis acusados ​​fueron sentenciados a cadena perpetua, incluidos los dos notorios oficiales Alfredo Astiz y Jorge Acosta y otros dos individuos que participaron en los llamados “vuelos de la muerte”, prácticas de ejecución en las que miles de víctimas eran drogadas y arrojadas al mar de aeronaves militares. Los otros reos recibieron penas que varían de ocho a 25 años de prisión. Seis personas fueron absueltas.

“Nos gustaría expresar nuestro reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas de la dictadura militar en Argentina y con las organizaciones de derechos humanos que las representan, incluidas las Madres de la Plaza de Mayo, cuya lucha incansable fue primordial para alcanzar ese resultado inédito”, expresaron los expertos.

El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura acompañó este largo camino hacia la justicia y sigue apoyando el derecho de rehabilitación y reparación de las víctimas.

“Pedimos al Estado argentino que mantenga el consenso y las políticas públicas que permitieron que el juicio se realizara, de modo que los derechos de todas las otras víctimas que están esperando por verdad y justicia por cuatro décadas puedan ser cumplidos”, concluyeron los relatores. (CINU)