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domingo 24 septiembre 2017
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EN EL TINTERO

JESSICA ROSALES 

La Fepade

Cada año electoral, no faltan los funcionarios de alto nivel con una importante responsabilidad a nivel nacional que acuden a las entidades para advertir sobre las acciones que se emprenderán contra quienes cometan delitos de índole federal por la coacción del voto.

El director general adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la Fepade, Luis Espíndola Morales, estuvo hace unos días en Saltillo y reveló que mantienen abiertas 19 carpetas de investigación, principalmente por alteración del Registro Federal de Electoral, condicionamiento del voto y de programas sociales, presuntamente cometidos por funcionarios federales y estatales.

Usted se preguntará qué ocurre con los funcionarios públicos que incurren en dichos delitos. La respuesta es sencilla: nada.

Por años se han denunciado y documentado actos ilícitos en los que incurren políticos de todos los partidos políticos, desde actos anticipados de campaña, inequidad en la promoción electoral o coacción al voto, por mencionar algunos.

Se presentan fotos, audios, videos que documentan hechos en los que se presumen irregularidades diversas, le repito, en todos los ámbitos de Gobierno y de todos los partidos políticos.

Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía jamás han informado, al menos en Coahuila, de una sola sanción contra dichos funcionarios públicos posiblemente implicados en estos hechos.

Pero qué tal cuando la denuncia es contra el ciudadano común o contra la prensa. En temas que incluso resultan banales las acciones son inmediatas, y entonces son estos los que pisan la cárcel.

En agosto de 2015 el director del periódico Zócalo Monclova, Luis Eduardo Mendoza López, fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por presunto delito cometido en 2012 al publicar una encuesta, según la autoridad, fuera del tiempo establecido.

En ese mismo año, pero en septiembre, la Fepade detuvo a directivos del periódico Campeche Hoy, se trata de los periodistas Juan Sánchez Ramírez, José del Carmen Rodríguez y David Sánchez Santiago también por presuntos delitos electorales cometidos 3 años atrás.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que se cumplimentó la orden de aprehensión librada por un juez de distrito en el estado de Campeche, en contra de los directivos de los medios electrónicos porque “habrían autorizado la publicación de encuestas de opinión el 28 de junio de 2012, violando así lo dispuesto en el Artículo 403 fracción XIII del Código Penal Federal”.

La PGR advierte que las sanciones pueden ser de 2 a 9 años de prisión, si el delito es cometido por servidores públicos, pero, además, en caso de que involucren programas sociales, la sentencia puede ser ampliada hasta a 12 años de prisión.

¿Acaso usted conoce a algún servidor público de Coahuila encarcelado por la Fepade por delitos electorales? Yo tampoco.