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Jueves 23 Febrero 2017
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Víctima del “Coahuilazo” cuenta la verdad: Calderón armó una conspiración para dañar a Rubén y a Humberto Moreira

 

Además, protegió a su compadre, Guillermo Anaya

             Everardo Rosales, una de las víctimas del episodio conocido como el “Coahuilazo”, durante el cual varios funcionarios del gobierno de Coahuila fueron acusados falsamente de tener vínculos o pertenecer a grupos de la delincuencia organizada, rindió este jueves su testimonio ante los medios de comunican, en el cual reiteró su inocencia, y acusó al aspirante del PAN al gobierno del estado, Guillermo Anaya Llamas, de haber recibido un trato privilegiado por parte de su compadre, el entonces Presidente Felipe Calderón, en tanto que a él, y al resto de los involucrados en el “Coahuilazo”, les destrozaron la vida, como parte de una conspiración política del ex Presidente en contra de Rubén y Humberto Moreira, además de Jericó Abramo, Jorge Torres y otros funcionarios priistas.

Rosales aseguró que en febrero de 2012, siendo todavía Felipe Calderón Presidente de México, personal de la SIEDO detuvieron a Sergio Tobias Salas y Julio Cesar Ruiz Ezquivel, a quienes les pidieron que firmaran declaraciones que relacionaban con la delincuencia organizada a funcionarios de Coahuila. Entre estos se señalaba al ex gobernador Humberto Moreira Valdés y al ex Fiscal Jesús Torres Charles y otros muchos más funcionarios que pretendían incriminar. A cambio les ofrecieron fungir como “testigos protegidos”, pero al negarse éstos a colaborar, les dijeron que se los iban a chingar y les iban a asegurar sus bienes, así como los de su familia, lo cual finalmente si ocurrió.

“Después de cinco años podemos acreditar el móvil (motivo) por el que fuimos perseguidos, pues existen declaraciones rendidas ante los jueces de Distrito por parte de los “testigos protegidos” que firmaron en nuestra contra -hoy se acredita-, a base de tortura por parte de elementos de la SIEDO.

Los testigos declararon posteriormente que se trataba de una conspiración política contra Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, añadió.

“En Coahuila tal conspiración era para dañar legalmente al Gobernador Rubén Moreira Valdez, al ex gobernador Humberto Moreira Valdés, al Lic. Jericó Abramo, al Lic. Jorge Torres López, al Lic. Jesús Torres y a su hermano Humberto Torres y a más funcionarios de Coahuila, y esta orden había sido por parte del entonces Presidente de la República Felipe Calderón. Ahora estamos seguros de que se trataba de un golpe político, sin embargo, ante la resistencia de los ex funcionarios no lograron su cometido.

“Cabe decir que las acusaciones en nuestra contra fueron durante el sexenio de su compadre Felipe Calderón, sabemos que cuando a él (Anaya) se le vinculó con la delincuencia organizada, su compadre le otorgó una carta de la PGR para deslindarlo, nosotros tuvimos que demostrar en tribunales nuestra inocencia como cualquier ciudadano sin ningún privilegio ni apoyo de por medio, una lucha que duró años”, señaló Rosales.

“El Sr. Anaya ni quienes se atreven a señalarnos fueron encarcelados, ellos no han sufrido el tortuoso y desgastante proceso penal que vivimos junto con nuestras familias para comprobar su inocencia como lo hicimos nosotros ante autoridades Judiciales, nosotros fuimos exonerados en juicios imparciales y sin que medie interés personal alguno.

Quiero dejar en claro que muchos perdimos familia y ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedir a nuestros seres queridos, de estar cerca de procesos médicos de alto riesgo de nuestros familiares por temor a ser detenidos. Nos arrebataron la vida a nosotros y a nuestras familias”, expresó en su testimonio ante los medios.

Quiero comentarles como antecedente que el 15 de febrero de 2012, servidores públicos de la anteriormente denominada Fiscalía General del Estado, fueron convocados a un evento de entrega de reconocimientos que tendría lugar en unas bodegas habilitadas como oficinas del Gobierno del Estado ubicadas en libramiento López Portillo de esta ciudad capital.

Sin embargo, dicho evento no se llevó a cabo y fue en esas circunstancias que Sergio Tobias Salas y Julio Cesar Ruiz Ezquivel, fueron capturados por elementos de la SIEDO, para luego ser trasladados al hangar del aeropuerto de Escobedo Nuevo León donde los esperaba un avión que los trasladaría a la ciudad de México.

Una vez en el avión una persona quien dijo pertenecer a la SIEDO le pidió a Sergio Tobias firmara declaraciones que relacionaban con la delincuencia organizada a funcionarios de Coahuila. Entre estos se señalaba al ex gobernador del Estado Humberto Moreira Valdés, también involucraban al ex Fiscal licenciado Jesús Torres Charles y otros muchos más funcionarios que pretendían incriminar.

A cambio de firmar tales declaraciones e incriminar a altos mandos del Estado, la SIEDO le ofreció a Sergio Tobias protección y otros beneficios mediante la figura de “testigo protegido”. Sin embargo, ante la negativa de éste le dijeron que se lo iban a chingar y le iban a asegurar sus bienes, así como los de su familia (hasta la fecha siguen asegurados).

Además de Everardo Rosales, en el “Coahuilazo” fueron involucrados otros funcionarios como Sergio Tobías Salas, Juan Fermín Medina Torres, Julio César Ruiz Esquivel, Enrique Sánchez Zapata y Cuahutémoc Rosales Galindo, y Manuel de Jesús Cícero quienes fueron detenidos. Mientras que Rosales, Humberto Torres Charles y Domingo González Favela enfrentaron ordenes de aprehensión.

Rosales narró que el 23 de febrero de 2012, elementos del entonces SIEDO se presentaron en la anterior Fiscalía General del Estado con la intención de llevar a cabo su detención, bajo argumentos que en ese momento el conoció sólo a través de rumores que se le hicieron llegar a través de llamadas telefónicas.

“Quiero aclarar que nunca fui detenido gracias a que en esos momentos un servidor no se encontraba en las oficinas de la coordinación de Cuarto Grupo de Homicidios que en ese entonces estaban bajo mi responsabilidad.

Ante esto, en el mes de marzo de 2012, consciente y seguro de mi inocencia, promoví una demanda de amparo que se registró con el número 226/2012 ante el Juzgado segundo de Distrito en el Estado, donde solicite se me informara si había una orden de aprehensión, localización o presentación en mi contra, a fin de ejercer mis derechos constitucionales de defensa, pues ningún delito he cometido y por ello tenía plena confianza en que podría aclarar las cosas.

A pesar de lo anterior, fueron violadas mis garantías individuales y mis derechos humanos, pues la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial) negó ante el Juez de amparo la existía de una orden de detención o localización en mi contra, a pesar de que, si existía la orden de localización y presentación desde el 26 de agosto de 2011, falseando con ello información.

Continué con los recursos legales, y promoví otro amparo en el mes de marzo de 2012, solicitando se me citara por la SIEDO para tener mi garantía de audiencia y defensa (amparo 439/2012), pero contrario a lo ordenado en el amparo, la SIEDO solicitó orden de aprehensión en noviembre de 2012. Y a fin de que el amparo que promoví quedara sin efectos. Me citaron en julio, pero del año 2013 para recibir mi declaración, en ese momento ya era imposible presentarme ya que tenía orden de aprehensión en mi contra”, narró.

“Al documentar y recopilar pruebas de mi inocencia, detectamos que las autoridades intentaron fabricar delitos en mi contra pues las declaraciones de los “testigos protegidos” eran contrarias a la realidad. Decían que un servidor era de tez blanca, con ojos de color, pelo café y barba, lo cual no coincide ni en fotografías con mis rasgos personales.

Asimismo, los “testigos protegidos” señalaban que a partir del año 2006 realice varias funciones entre ellas subdirector y Director de Homicidios y médico forense del Estado, encargado de robos de vehículos, que además iba a asumir la Dirección de la Policía del Estado, y que era encargado de todos los Ministerios Públicos en el Estado, todo era mentira, porque mi única labor era la de Coordinador de Agentes del Ministerio Público sólo del Municipio de Saltillo, pues del 2000 al 2009 fui Agente del Ministerio Público y 2009 a 2012 coordinador de Homicidios en Saltillo.

 “Perdimos todo”

“Ante estos hechos, hemos enfrentado consecuencias graves, perdimos nuestro patrimonio, algunos la familia, la libertad, el trabajo y reputación. Hemos sido señalados ofendidos, denigrados, y relegados. El tiempo no regresa, y algunos compañeros todavía siguen luchando para que les regresen sus bienes, pues siguen asegurados por la SEIDO.

Sabemos que estamos en un momento electoral, y lamentamos que políticos quieran beneficiarse del dolor ajeno, el pasado 11 de febrero de 2017, se publicó una nota donde el precandidato a la gubernatura de Coahuila Guillermo Anaya Llamas señala que los ex funcionarios de Coahuila que se nos relacionó con la delincuencia.

Queremos decirle al Sr. que desconoce el sufrimiento que hemos vivido y el resultado de los procesos llevados injustamente en nuestra contra. Exigimos un alto a las injurias pues tenemos en la mano pruebas que acreditan nuestra inocencia.

Cabe decir que las acusaciones en nuestra contra fueron durante el sexenio de su compadre Felipe Calderón, sabemos que cuando a él se le vinculó con la delincuencia organizada, su compadre le otorgó una carta de la PGR para deslindarlo, nosotros tuvimos que demostrar en tribunales nuestra inocencia como cualquier ciudadano sin ningún privilegio ni apoyo de por medio, una lucha que duró años.

El Sr. Anaya ni quienes se atreven a señalarnos fueron encarcelados, ellos no han sufrido el tortuoso y desgastante proceso penal que vivimos junto con nuestras familias para comprobar su inocencia como lo hicimos nosotros ante autoridades Judiciales, nosotros fuimos exonerados en juicios imparciales y sin que medie interés personal alguno.

Quiero dejar en claro que muchos perdimos familia y ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedir a nuestros seres queridos, de estar cerca de procesos médicos de alto riesgo de nuestros familiares por temor a ser detenidos. Nos arrebataron la vida a nosotros y a nuestras familias.

Antecedentes

Quiero comentarles como antecedente que el 15 de febrero de 2012, servidores públicos de la anteriormente denominada Fiscalía General del Estado, fueron convocados a un evento de entrega de reconocimientos que tendría lugar en unas bodegas habilitadas como oficinas del Gobierno del Estado ubicadas en libramiento López Portillo de esta ciudad capital.

Sin embargo, dicho evento no se llevó a cabo y fue en esas circunstancias que Sergio Tobias Salas y Julio Cesar Ruiz Ezquivel, fueron capturados por elementos de la SIEDO, para luego ser trasladados al hangar del aeropuerto de Escobedo Nuevo León donde los esperaba un avión que los trasladaría a la ciudad de México.

Una vez en el avión una persona quien dijo pertenecer a la SIEDO le pidió a Sergio Tobias firmara declaraciones que relacionaban con la delincuencia organizada a funcionarios de Coahuila. Entre estos se señalaba al ex gobernador del Estado Humberto Moreira Valdés, también involucraban al ex Fiscal licenciado Jesús Torres Charles y otros muchos más funcionarios que pretendían incriminar.

A cambio de firmar tales declaraciones e incriminar a altos mandos del Estado, la SIEDO le ofreció a Sergio Tobias protección y otros beneficios mediante la figura de “testigo protegido”. Sin embargo, ante la negativa de éste le dijeron que se lo iban a chingar y le iban a asegurar sus bienes, así como los de su familia (hasta la fecha siguen asegurados).

El jueves 23 de febrero de 2012, nuevamente elementos de la SIEDO, detuvieron a mas funcionarios públicos entre ellos a Juan Fermin Medina Torres, Cuahutemoc Rosales Galindo y Enrique Sanchez Zapata y fueron trasladados a las oficinas de la SIEDO donde les ofrecían de la misma manera firmar en contra de funcionarios de Coahuila para relacionarlos con la delincuencia.

Sin embargo, todos estos funcionarios se negaron a colaborar con la SIEDO por la sencilla razón de que eran mentiras lo que referían dichas “declaraciones” y que los elementos de la SIEDO querían desesperadamente que alguno de nuestros compañeros detenidos les firmara, se buscaba el mismo objetivo con la detención de todos los servidores públicos citados.

Ante tal negativa, los compañeros detenidos fueron arraigados por 40 días y posteriormente solicitaron una prórroga por otros 40 días. En dicho tiempo de detención, los agentes de la SIEDO insistían que lo pensaran que colaboraran, y las personas a las que deberían de atribuírseles delitos eran contra Juan Jose Yañes Arreola, Humberto Torres Charles,  de un servidor Everardo Rosales Saucedo y demás funcionarios, pero ante la negativa de ello fueron consignados a un CEFERESO de alta peligrosidad.

“Fue un golpe político”

Después de cinco años podemos acreditar el móvil (motivo) por el que fuimos perseguidos, pues existen declaraciones rendidas ante los jueces de Distrito por parte de los “testigos protegidos” que firmaron en nuestra contra -hoy se acredita-, a base de tortura por parte de elementos de la SIEDO.

Los testigos declararon posteriormente que se trataba de una conspiración política contra Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En Coahuila tal conspiración era para dañar legalmente al Gobernador Rubén Moreira Valdés, al ex gobernador Humberto Moreira Valdés, al Lic. Jericó Abramo, al Lic. Jorge Torres López, al Lic. Jesús Torres y a su hermano Humberto Torres y a más funcionarios de Coahuila, y esta orden había sido por parte del entonces Presidente de la República Felipe Calderón. Ahora estamos seguros de que se trataba de un golpe político, sin embargo, ante la resistencia de los ex funcionarios no lograron su cometido.

Al día de hoy estamos todos exonerados, pero desafortunadamente no ha terminado. Aunque será difícil recuperar el tiempo, queremos hacer valer nuestros derechos. Y al saber que el Gobernador declaró que tras la exoneración debemos ser indemnizados, queremos hacerle el llamado para que nos apoye para ser reinstalados en nuestros puestos, puestos públicos a los que llegamos por nuestras capacidades, pues un servidor llegó a la coordinación por concurso a través de un examen.

Buscaremos nuestra indemnización y también procederemos penalmente, pero además solicitaremos la reparación por el daño moral que se nos causó todos estos años. A nombre propio y de mis compañeros quiero agradecerles el espacio para aclarar los hechos y las infamias de las que hemos sido víctimas en un caso al que ustedes han llamado “El Coahuilazo”, concluyó Everardo Rosales. (EL HERALDO)

 

 

 

 

 

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