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jueves 23 noviembre 2017
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Periodistas peruanos son denunciados penalmente por el Gobierno por presuntamente revelar secretos de Estado

El equipo periodístico del noticiero dominical Panorama fue denunciado penalmente por el ministro de Defensa peruano Jakke Valakivi luego de difundir en un reportaje documentos oficiales secretos que evidenciarían una presunta malversación de fondos de los recursos del servicio de Inteligencia del Ejército. Los periodistas podrían enfrentar una condena de hasta 15 años de cárcel por el delito de traición a la patria.

Según el blog de la periodista Karina Novoa, quien estuvo a cargo del reportaje en cuestión, la denuncia del Gobierno es por “delito contra el Estado y la Defensa Nacional, atentados contra la seguridad y traición a la patria, en la modalidad agravada de revelación de secretos nacionales”.

El informe periodístico, emitido el 17 de abril de 2016, revela una irregular rendición de cuentas de los gastos del presupuesto destinado al sector de inteligencia del Ejército peruano durante el mes de setiembre de 2015, realizados en la convulsa zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En dicha zona confluyen acciones de narcotráfico y terrorismo, como del grupo Sendero Luminoso.

“Colaboradores fantasmas, facturas infladas, gastos injustificados y deficiencias del sector de inteligencia” al interior del Comando especial del Vraem es lo que denuncia el reportaje, que según el ministro Valakivi revela planes de inteligencia.

Según Novoa, el reportaje consultó un documento auténtico, original, foliado (de 204 páginas sobre el manejo de los recursos en el Vraem durante el mes de septiembre de 2015), con sellos y firmas de aprobación de altos mandos del Vraem.

El reportaje se publicó pocos días después de una emboscada terrorista en el Vraem, que mató a 10 personas, 8 de ellos soldados.

El documento que consigna estos datos está clasificado como secreto de Estado. Sin embargo, en el reportaje se entrevista al General de División – Inspector General del Ejército peruano, César Astudillo Salcedo, en la sede militar oficial conocida como El Pentagonito, quien responde ante cámaras las preguntas de la reportera sobre las presuntas irregularidades de gastos que muestra el documento secreto.

De acuerdo con el diario La República, Rosana Cueva, directora periodística del programa Panorama, que se transmite en Panamericana TV, canal 5 de la televisión de señal abierta, declaró que el reportaje no revela ubicación de bases, de armamento, ni planes [de inteligencia], sino una presunta corrupción por parte de funcionarios del Estado.

“Estamos tranquilos porque es absurdo, jurídicamente [la denuncia] no debe prosperar, pero iremos a citaciones. No nos corremos”, dijo Cueva.

Tanto el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Consejo de la Prensa Peruana, IDL-Reporteros, entre otras organizaciones a favor de la libertad de prensa, sostuvieron que la denuncia busca amedrentar e intimidar a Panorama para encubrir actos irregulares, escudándose en la figura de secreto de Estado.

Asimismo, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger, declaró que su organización demanda el “pleno respeto al derecho constitucional de reserva de fuentes informativas”, haciendo un llamado “a la sensatez” al titular de Defensa peruano.

“Una denuncia de este alcance no hace más que mancillar una gestión de gobierno que podría terminar llevando a periodistas a prisión por el simple hecho de hacer su trabajo”, dijo Bellanger.

Por su parte, la periodista y abogada peruana Rosa María Palacios, dijo en su blog que la denuncia del ministerio de Defensa era jurídicamente obligatoria, al revelar el reportaje de Panorma documentos clasificados.

De no hacer Valakivi y su procuraduría la mencionada denuncia, estos podrían haber sido denunciados por el ministerio Público por “omisión de denuncia”, aseguró Palacios.

También, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, alegó que Valakivi tenía la obligación funcional de denunciar. “Es un tema netamente jurídico, legal, y lógicamente, el ministro Jakke Valakivi tiene que pensar en defender la labor de las Fuerzas Armadas”, declaró al diario La República.

No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, dijo a La República que en este caso se debe tener muy presente los valores de la libertad de expresión. Para Vásques Ríos, “las instancias deberán pronunciarse sobre la pertinencia o no de la denuncia”.

Roberto Pereira de Ipys, dijo a Panorama que lo que está en riesgo en este caso son las reglas que rigen todo sistema democrático, poniendo en riesgo también la labor periodística, y el derecho a la información del público.

“El tribunal constitucional lo ha dicho en varias sentencias, no cualquier información que esté vinculada con la Defensa, con las actividades castrenses, califica como secreto de Estado, a pesar de que tengan el sello de ‘Secreto de Estado’. El ministro de Defensa no ha podido decir qué ha cambiado [con la publicación de este reportaje] en cuanto a seguridad nacional, porque no tiene fundamento”, subrayó Pereira.

Para Kela León del Consejo de la Prensa Peruana, en entrevista con Panorama, dijo que la redacción de la denuncia del ministerio de Defensa es inaceptable, siendo un peligroso retroceso a la cultura del secreto. “El sustento de la denuncia no concuerda ni con lo que establece la Constitución, ni la legislación vigente en materia de revelación de secretos de Estado o de seguridad nacional”, puntualizó.

A su turno, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, dijo a Panorama que no hay la menor duda de que este reportaje es de interés público, “(…) me parece que esto entra dentro de la cultura del secretismo, que es otra historia, y que afecta a América Latina en su totalidad. Los gobernantes en nuestros países desgraciadamente creen que cuando asumen el poder, no tienen que rendir cuentas”.

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) y la Fundación Ética Periodística convocaron a diversas entidades y al público en general a marchar el jueves 7 de julio, en protesta a la denuncia del Gobierno contra los periodistas del cuestionado reportaje de Panorama.

La marcha tiene como objetivo llegar a la sede del ministerio Público. (KNIGHT CENTER)